sábado, 24 de diciembre de 2011

El desarrollo de la policía y de las técnicas de identificación en España


El crecimiento demográfico, junto al progresivo desarrollo urbanístico, traen consigo una reorganización del espacio en el que el mundo de la delincuencia encuentra acomodo para modificar sus repertorios, lo que genera inquietud social y la exigencia de poner freno de alguna manera a esa percepción de aumento de la inseguridad. El crimen y la delincuencia son hechos sociales, y las sociedades, en su legítimo derecho defensivo, buscan respuestas efectivas. Una de ellas, la creación y perfeccionamiento de la policía.

La defensa social tiene cierta relación con el deseo de control social de los poderes dominantes sobre las clases populares. Los flujos migratorios aumentan, la presencia de extranjeros igual, y el terrorismo anarquista se abre paso a base de bombas. Así sucede en los últimos años del siglo XIX. La respuesta, casi continúa, es la reorganización de la seguridad, de tal modo que la obsesión constante va a ser elaborar estrategias de visibilidad de la población, donde todo movimiento esté registrado, toda persona identificada, y donde se construya “una red gigantesca y completa que rodeando todos los núcleos –naciones, provincias, municipios- retiene entre sus mallas a todos los ciudadanos, así los que han menester de protección como los que han de ser perseguidos”[1]. Este es el sueño desde finales del siglo XVIII: la sociedad transparente. 

Sería una exageración decir que Mateo Morral, anarquista que atentó contra Alfonso XIII el día de su boda en Madrid, ha hecho sin saberlo más por la modernización de la institución policial que muchos políticos que se hubieran debido encargar de ello, pero reconociendo la hipérbole, no termina de estar desencadenada de la realidad, al igual que el bandolerismo contribuyó fuertemente y, lejos de su intención, a la creación de la Guardia Civil en 1845. Se conocen pocos trabajos sobre la historia de esta institución en España: Eduardo Comín Colomer escribió en 1951 uno sobre los atentados políticos, donde se hacían numerosas referencias a la organización policial[2]; José Caamaño Bournacell se ocupó de determinados periodos de su historia[3]; y Antonio Viqueira Hinojosa se encargaba de un siglo entero de su desarrollo[4], pero será Martín Turrado Vidal quien, más recientemente, realice dos trabajos muy significativos al respecto[5]

Existen intentos de conformar policías ya desde las reformas de Carlos III y el motín de Esquilache. La creación del Alcalde de Barrio, por ejemplo, o de los Mozos de Escuadra, que cuidaban los despoblados catalanes, dan muestra de ello. Pero su dependencia de los instrumentos de justicia y su concepción puramente militar limitan su conformación entendida en sentido moderno. Los distintos reinados, a lo largo del siglo XIX, van a realizar sucesivas reformas, todas ellas con un denominador común: la falta continuidad. Una de las más profundas es la de Fernando VII, a partir de 1823. De hecho, algunos historiadores sitúan la Real Cédula del 13 de enero de 1824 como la fecha fundacional de la Policía en España. El vacío dejado por la desaparición de la Inquisición y la creación de la Guardia Civil abren el camino a nuevas reformas, que ya con la Septembrina conforman los precedentes más estables de la organización policial en la Restauración. La Ley de Orden Público de 1870, por ejemplo, tiene su validez en sus primeros años, hasta la Reforma de 1877, que supone el primer gran paso hacia su asentamiento definitivo.

Mediante el Real Decreto del 6 de Noviembre de 1877, desarrollado en el Reglamento Orgánico del 15 de febrero de 1878, se establecen los pilares fundamentales de la Policía de la primera Restauración. Los objetivos de la reforma pasan por dar por fin continuidad a los avances dispersos apuntados con anterioridad, creando para ello una policía preventiva, bajo un régimen mixto (civil-militar), que garantice en la medida de lo posible la apolitización de sus miembros, es decir, su no vinculación a los intereses particulares de los partidos gobernantes, y estableciendo un Cuerpo de Seguridad (el antiguo Cuerpo de Orden Público) con un presupuesto estable, que dependa por un lado del Gobernador Civil, y por otro, del Ministro de Gobernación. Una precisión importante que cabe hacer de inicio es que esta reforma afecta únicamente a la ciudad de Madrid.

Al Servicio de Seguridad se le incorporan los antiguos Cuerpos de Orden Público, mientras que al Servicio de Vigilancia se le encargan los llamados Libros Registro, que tienen como cometido el control de la población. Su objetivo propuesto, tan disparatado como el siguiente: “el conocer todos los elementos del mal, que existen en la población, con el fin de impedir todos los delitos y auxiliar la acción judicial en el descubrimiento de aquéllos y la captura de sus autores”[6]De carácter civil, este Cuerpo se responsabilizaba del Padrón General del Vecindario, del Registro del movimiento de la población, del Registro de extranjeros transeúntes, del Registro de reclamados por la autoridad, del Registro de sirvientes de todas clases, del Registro de establecimientos públicos, del Registro de personas sospechosas en materia criminal, y del Registro de la conducta de los empleados en el servicio. Nada menos. La asociación entre extranjeros, sirvientes, empleados de servicio y clases populares con los elementos del mal, y por tanto, con el germen de la delincuencia, se hace sin ningún tipo de disimulo. Las clases dominantes tienen claro donde se halla el problema. Pero su cometido resulta imposible. Con 250 personas aproximadamente en el Servicio, malos sueldos y nulas herramientas para la correcta recopilación y análisis de los datos pretendidos, se hace imposible controlar a todos esos colectivos. La parcelación de Madrid en diez distritos deja a cada uno de ellos con un número aproximado de 25 agentes, a todas luces insuficientes para cumplir su tarea eficientemente.

Pero hay más, y resulta ciertamente clarificador de la imposibilidad de lograr los objetivos alcanzados con la Reforma: a la pretendida apolitización de los cuerpos policiales va unida inexorablemente la existencia de Policías de Partido. “El apoliticismo de la Policía era una entelequia desde el momento en que todo el Decreto descansaba sobre un leitmotiv inconfesable: la libre elección del personal”[7], es decir, que cuando el partido gobernante (Conservador o Liberal) perdía las elecciones, procedía por tanto a ceder el turno pactado, con el cese de todo el aparato político cesaba también todo el policial. El nuevo partido en el Gobierno nombraba a todos y cada uno de los nuevos policías. Ello no significa, en contra de lo que pudiera creerse, que los nuevos agentes fuesen leales a las ideas políticas defendidas por sus padrinos. De forma asidua, los policías apenas sabían nada de política. Simplemente, tenían conocidos y favores que pagar y que devolver. Más que una descarada manipulación política, se trataba de un monumental caso de corrupción legal que se repetiría durante más de una veintena de años.

El Real Decreto del 26 de octubre de 1886 da el primer paso para la extensión del modelo policial marcado en 1877 a todo el territorio nacional, remodelando algunas de sus partes. Como novedades reseñables, aparece la figura del Inspector General y la del Director General de Seguridad, que se establece entre medias de los Gobernadores Civiles y el Ministro de Gobernación. Pero el enorme poder que acaparaban los Gobernadores Civiles en sus respectivas provincias acaba por hacer innecesaria esa figura intermedia, suprimiéndose al poco tiempo. Se establece igualmente la Delegación de Vigilancia y la Prevención de Seguridad, agrupadas por distritos dentro de las ciudades. La plantilla policial necesariamente se amplia, pero sus condiciones no mejoran, la policía de partido sigue su funcionamiento fiel, y a ello se le añade el desarrollo, ya no centralizado en Madrid, sino desplazado a todas las provincias, de la corrupción que mana del brazo del Gobernador Civil. Surgen los momios, policías que cobran como tales, pero que no aparecen por ninguna dependencia. Turrado Vidal nos habla del caso de Zaragoza donde, en 1898, de cuarenta y ocho agentes sólo una pareja acudía a su lugar de trabajo.

La reforma de mediados de los ochenta, oportuna a buena parte de los crímenes que exaltan por entonces la imaginación popular a través de la prensa y de la literatura de cordel, también incluyen el establecimiento de nuevas secciones de vigilancia, como son la Policía Judicial y la Policía Técnica y de Investigación, que daba continuidad a las mejoras que paulatinamente se efectuaban en el campo de la identificación personal. Históricamente había dominado el aspecto físico, pero atendiendo a él, la eficacia era prácticamente nula. La dactiloscopia, el retrato hablado, la cartilla biográfica, la mejora de las técnicas de análisis del escenario del delito o la fotografía, vienen a dar una vuelta de tuerca, al menos en el plano teórico, a los habituales métodos de las fuerzas de seguridad. De esos modernos avances hablan las novelas policíacas y detectivescas, que comienzan a llenar las librerías, popularizando las hazañas de sagaces investigadores-policías ingleses o franceses, que descubrían perspicazmente a los autores de los crímenes más abominables. 

Se va esbozando poco a poco la futura Policía Científica, gracias sobre todo a las aportaciones del Gabinete del Doctor Bertillón, y al uso de la estadística, así como a la influencia de la Antropología Criminal desarrollada en Italia. En 1878 se decide crear un Registro Central de Penados y Rebeldes, que en 1886 vuelve a ser impulsado para que las cárceles de Audiencia recojan de forma más sistemática los datos de los detenidos. La instauración del sistema antropométrico de Bertillón aparece en la exposición de motivos de un Real Decreto firmado el 24 de junio de 1890, desarrollándose de forma más efectiva seis años después (R.D. 10/9/1896). En 1895, siendo Gobernador Civil de Barcelona Valentín Sánchez Toledo, se propone al Doctor Rafael Bianchi establecer un Gabinete Antropométrico y Fotográfico fiel a los postulados de su tiempo, donde se establezcan tres tipos de identificación: los datos antropométricos, las fichas descriptivas y las señales particulares de cada individuo. En 1898 se crea una Tarjeta de Filiación en Zaragoza, y para 1901 se fusiona el Registro de Penados y Rebeldes con el Gabinete Central de Antropometría, encargándose de su dirección el antropólogo Olóriz, personalidad sobre la que merece la pena hablar de forma pormenorizada:

Federico Olóriz Aguilera nacía en 1855 en Granada, donde había sido alumno del Catedrático de Historia Natural Rafael García Álvarez. Su muerte se produciría en 1912. Licenciado en Medicina, perderá la Cátedra de Anatomía de Madrid, quedando por detrás de Ramón y Cajal. A partir de 1883, tras obtener otra Cátedra, se dedica a establecer los índices cefálicos de la población española, labor que le lleva a obtener mucha reputación entre sus compañeros antropólogos, médicos y criminólogos, como se puede comprobar en el análisis de la correspondencia que mantenía con científicos como César Lombroso[8]. Coincidiendo con el cambio de siglo, decide aparcar el campo de la antropometría, que pedía rigor paulatinamente, para centrarse en la Dactiloscopia, escribiendo en 1901 “Registro de Identidad”, con el fin de implantar este moderno sistema dentro de la policía española. Durante la primera década del siglo XX se responsabilizará de la organización de los Gabinetes Provinciales de Identificación. En 1909 publicaría uno de sus trabajos más significativos, que imparte en la Escuela de Policía de Madrid, y que es una auténtica “Guía para extender la tarjeta de identidad”[9] a toda la población española, tratando de suplir la carencia de textos teórico-prácticos sobre esta materia.

La tarjeta de identidad debe ser, para el autor, el documento que establece la personalidad civil de un individuo por medio de sus caracteres físicos más particulares, inmutables y permanentes”[10]Estos caracteres son los dibujos de las yemas, la descripción física del cuerpo, las medidas y el retrato fotográfico. El tamaño propuesto recuerda al antiguo Documento Nacional de Identidad, con la salvedad de que se propone añadir las particularidades físicas del individuo, además de sus rasgos fisiognómicos según el modelo de Bertillón. El modelo, que debía ser único para todo el país, ya no buscaba únicamente a la población acusada de algún delito, sino que el objeto era extenderlo a toda la población. Color, cabello, barba, piel, frente, nariz, labios, orejas, cejas, párpados, boca, arrugas, contornos, corpulencia (talla, cuello, hombros, cintura, gordura,…), actitud general de la cabeza (erguida o caída, por ejemplo), del tronco y de manos y piernas, forma de andar, mirada, expresión, hábitos (ser zurdo, por ejemplo, o fumar), voz, acento, pronunciación, indumentaria, apariencias (edad, clase social), señales particulares y cicatrices, además de los nombres y profesión de los progenitores, eran nada menos que los rasgos de interés que Olóriz quería documentar de cada uno de los individuos susceptibles de tener la Tarjeta de Identificación.

Volviendo a finales de los años ochenta, en esta misma línea de perfeccionar los métodos de control social sobre una población que crece a buen ritmo dentro de las ciudades, las nuevas secciones de vigilancia prosiguen con los encargos sobre los libros-Registro, añadiendo un Padrón de Vigilancia que se le facilita a cada vecino para que señale en él su edad, género, profesión, y los datos sobre el resto de la gente que convive en el mismo hogar. Un auténtico Censo de Población en manos de la policía.

Para hacer frente a las críticas sobre la mala formación de los policías, se trata de establecer en 1885 una “Guía para los Funcionarios y Agentes de los Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Policía Judicial”, convertida dos años después en la conocida como Cartilla, imitación de la de la Guardia Civil, cuyos efectos parece ser que fueron nulos. Partiendo de la base de que buena parte de los miembros de los Cuerpos de Seguridad apenas sabían leer y escribir, y que ésta era su única herramienta para conocer ciertos conceptos o diferenciaciones establecidas por el Código Penal de 1870, es comprensible esa ineficacia.

Las primeras especializaciones de los Cuerpos de Seguridad tienen como objeto preferente el control de los viajeros del ferrocarril y las conocidas como Rondas Especiales, que no eran sino itinerarios marcados repetidos de forma periódica o constante por un grupo determinado de vigilancia. La casa de los Reyes, o de la Reina Regente, así como las del Presidente del Consejo de Ministros eran algunas de las habituales, conjuntamente con las Rondas Especiales de Vigilancia a delincuentes ya conocidos por la policía, que anteceden a las Brigadas de Investigación Criminal, y que se desarrollan en Madrid, Barcelona y Valencia. Antonio Tressols, por ejemplo, que entró al cuerpo policial sin instrucción alguna, sería uno de los policías más conocidos en Barcelona, así como en Madrid saltaron a la fama por sus capturas Minaya y Fernández Luna.

La existencia de un padrino para acceder al Cuerpo de Policía bastaba para saltarse descaradamente cualquiera de los requisitos establecidos para el ingreso. La Policía de Partido era, provincia por provincia, la Policía del Gobernador Civil, el mandamás de la ciudad, tal y como sucedía con los caciques y su Guardia Civil en los pueblos. Había muy poca motivación porque el policía se sabía en un cargo temporal y subsistía con un sueldo escaso. Además, “el hacer méritos en el puesto era una cuestión indiferente: el cambio de Gobernador o la pérdida de las elecciones significaban el cese fulminante. Pero es que, además, las amenazas para cuando quedara cesante enfriaban el fervor del mejor dispuesto. Si un miembro de un jurado se ahorcó porque no pudo sustraerse a ellas, ¿cómo se iba a poder sustraer un hortelano convertido en Comisario o Jefe de Policía de Palencia o su sustituto por el Partido Liberal Fusionista, que era un maestro hornero?”[11]. El ascenso, del mismo modo que el cese, era correlativo con el del padrino.

En medio de toda esta situación de corrupción palpable, y de algunos casos de extrema pobreza en agentes que habían dado su vida persiguiendo delincuentes, y cuyas familias no tenían siquiera para pagarle la sepultura, de los que además se había hecho eco la prensa, surge la revista “La policía española”, vinculada al Partido Liberal que, a partir de 1892, será la herramienta de denuncia social de la pésima situación de los miembros del Cuerpo, el foro desde el que reivindicar y exigir las reformas para dotar a los agentes de mejores servicios, medios y salarios. El problema de la pobreza derivada de los casos públicos de familiares de policías pidiendo a sus compañeros dinero para poder enterrarlo, encontraría solución ya en 1918, con la creación de la Caja de Socorros.

Uno de los problemas fundamentales con que tenían que convivir los Cuerpos Policiales era sin duda su mala imagen social, el rechazo y la mala reputación que conservaban entre los ciudadanos. Porque, producto de una pésima educación como norma general, y de una instrucción inexistente, los malos modales o abusos se convertían en frecuentes. Un ejemplo característico se producía en los Servicios de Higiene encargados de controlar el problema de la prostitución, donde, en ocasiones, el policía no sólo recibía dinero de las casas de mancebía para obtener permisos y matricular a sus meretrices, sino que además colaboraban en la captación de chicas nuevas, a las que se engañaba o amenazaba para que se iniciasen en la profesión.

La amenaza característica de la que se solía valer el policía corrupto, era al tiempo casi la única arma de que disponía el que trataba de hacer bien su trabajo: la quincena. Reguladas por la Ley Provincial, daban las atribuciones al Gobernador Civil, y por consiguiente a sus subordinados, para hacer uso de ellas por motivos de Orden Público. Consistía en una retención cautelar de quince días, y suponía la única herramienta preventiva policial de cara a sacar de la calle e interrogar a supuestos sospechosos. Pero el uso abusivo de la medida siguió contribuyendo al deterioro de la imagen social del Cuerpo de Policía.

En la novela ¿Loco o delincuente?, escrita por el periodista Remigio Vega Armentero, encontramos un buen ejemplo de esa mala imagen: Cecilia, una de las protagonistas, aprovecha sus influencias con Morato, un ministro que representa la figura de Segismundo Moret, para facilitar un empleo a su marido en la policía secreta, ya que no encontraba trabajo. Éste lo entiende como una humillación, que expresa del siguiente modo: “¡Subalterno de la policía secreta él, el altivo, el hombre de partido y merecimientos, él, el escritor y el antiguo periodista! ¡Ah!, ni podía darse menos al hombre necesitado, ni rebajarse más al hombre digno. ¡Policía secreta!, es decir, en aquel país el último agente de la escala social, sinónimo de esbirro y de espión, lo más despreciable, lo más bajo, lo más odioso y más odiado”[12].

Este perfil negativo comentado en párrafos anteriores ensombrece la labor de agentes honrados que tratan de cumplir su labor de forma digna, pero se debe tener en cuenta que buena parte de la información recogida y expuesta no llegaba a la prensa ni al dominio público, sino que se publicaban en la propia revista “La policía española”. Uno de los ejemplos más curiosos sobre la arbitrariedad de los procesos de selección, se publica en las páginas de la revista en 1897, con la trascripción de un examen de ingreso a la policía gallega, que resumimos a continuación:

¿Qué entiende Usted por policía?
-Unos hombres que ejercen autoridad.
¿Qué necesitan para ingresar a ella?
-Tener un buen padrino que sea persona de viso político
¿Qué títulos se necesitan o reconocen como de mayor mérito para obtener ingreso?
-Ninguno generalmente, y en algunos casos ser ayuda de cámara del marqués A o del conde B.
¿A su juicio, para obtener un bastón de policía, qué es necesario?
-Solamente ser un muñidor electoral (…)
¿Desea Vd. ingresar en la Policía de Jauja?
-Sí, señor.
¿Sabe Vd. leer?
-Me estorba todo lo que es negro.
¿Y escribir?
-Sé hacer rayitas y no aprenderé más, pues a mi amigo Antonio le basta y le sobra, y es espectro, y aspira a ser quefa, a no ser que su antiguo y buen amigo Don José, que es muy madrugón, se la birle, lo cual es fácil.
En vista  de sus deseos y de las buenas disposiciones que demuestra queda aprobado para ser policía de la jauja”[13]

La poca preparación y cultura de los aspirantes, afecta también a jefes o inspectores. En palabras de Roberto Bueno, “si fuera factible someter nada más que a un ligero examen de escritura al dictado a todos los jefes e inspectores que hoy sirven en las cuarenta y nueve provincias de España, el 80 por 100 serían declarados cesantes por ineptos”[14]

En el año 1900, la Sociedad Económica de Amigos del País de San Sebastián organiza un curso anual que, para sorpresa de muchos, obtiene un notable interés entre los matriculados. Al finalizar el año académico desaparece, pero en él vuelve a reivindicarse la necesidad de una formación teórico-práctica, que ya no tardaría mucho en llegar.

La gran sombra negra que se expande por encima de los Cuerpos Policiales a partir de la última década de siglo, y hasta el fin mismo de la Restauración, es la del terrorismo anarquista, es decir, la rama violenta del anarquismo que defiende la propaganda por el hecho. A partir de 1893, la sucesión de atentados, sobre todo en la ciudad de Barcelona, pero a la par en otras grandes ciudades del resto de mundo, provocan continuas alteraciones en la organización de la propia policía. Los que causan más muertes, como el de Cambios Nuevos durante la procesión del Corpus Christi, junto con los más relevantes, como el que acaba con la vida de Cánovas del Castillo, o el mismo atentado de Mateo Morral contra el rey Alfonso XIII, dan lugar a las primeras leyes antiterroristas, incrementando fuertemente las penas a quienes cometían atentados empleando explosivos ya desde 1894.

Tras cada uno de ellos se producen dimisiones y ceses. El de Cambios Nuevos, por ejemplo, arrastra un largo proceso judicial posterior que Juan Montseny inmortalizó en su obra El castillo maldito, y que en poco favoreció a la imagen policial. Las detenciones arbitrarias de trabajadores por tener consigo panfletos de carácter ácrata, y las torturas denunciadas por quienes visitaron los calabozos de los sótanos del castillo de Montjuich, dieron lugar por un lado a un debate de intereses en la prensa, con los esfuerzos de la prensa republicana por demonizar la figura de Narciso Portas, Jefe de la Policía Judicial de Barcelona, saltando por otro lado a la plana internacional, donde intelectuales de distintas ramas realizarán concentraciones y escritos de protesta[15].

Narciso Portas era acusado por los detenidos de haber ordenado, e incluso dirigido personalmente en algunos casos, las torturas recibidas por los sospechosos de arrojar la bomba. Tiempo después, en noviembre de 1897, sufrirá en sus propias carnes un atentado junto con su compañero Teixidor, aunque sin consecuencias físicas. Por otra parte, cuenta el historiador Álvarez Junco que la campaña orquestada por Alejandro Lerroux contra Portas se saldó con un encuentro causal por las calles entre ambos, donde se batieron en duelo, atribuyéndose ambos la victoria de la pequeña contienda[16].

El asesinato de Cánovas, ya en 1897, prueba, por otra parte, la mala gestión de las fuerzas encargadas de protegerle, al no haber puesto los medios adecuados para prevenir la presencia del conocido anarquista italiano Angiolillo en la pequeña localidad cántabra donde descansaba el Presidente del Gobierno. Los ceses serán fulminantes, y además consecuentes a la llamada Policía de Partido, al retomar el curso político el Partido Liberal dirigido por Sagasta, en una de las coyunturas políticas más delicadas y decisivas de la historia contemporánea española.

El clima regeneracionista surgido tras la derrota humillante de Cuba y la pérdida de las colonias, junto con los efectos de los atentados, ponen el caldo de cultivo para que se produzca una nueva reforma en la policía, que se acelera drásticamente tras la acción de Mateo Morral. A la extensión del Cuerpo de Seguridad a la ciudad de Barcelona, y a la supresión de la Policía Judicial en marzo de 1906 (con un conflicto de intereses como causa principal) le suceden una serie de disposiciones como la organización de una Academia de aspirantes (para formar personal para los servicios especiales), el incremento del control del movimiento de la población (con la petición de información a los Administradores de Fincas sobre sus inquilinos) y la creación de nuevos servicios especiales, con el cometido, entre otros, de realizar un control más exhaustivo sobre los extranjeros, con grupos especiales encargados de la prevención de atentados y conflictos económico-sociales (tipo huelgas). Así se van configurando las líneas generales de la Reforma de 1908.

El 31 de mayo se casa el Rey Alfonso XIII, en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. En el popular trayecto que realiza hasta el Palacio Real, Morral arroja una bomba desde una cuarta planta de la calle Mayor[17]. Pasado el verano, se cree oportuno replantear distintos aspectos de la organización policial: se crea la Sección de Investigación y Servicios Especiales, dotada de tres brigadas, dos de ellas móviles, sobre la que recae la responsabilidad de la lucha antiterrorista; se muestra mayor preocupación por la denominada Policía de Costumbres, encargada de la higiene en el ejercicio de la prostitución; se crea una Escuela, donde se imparten asignaturas como Idiomas, Legislación, Fotografía y Antropometría, Gimnasia y Esgrima, y Servicios Policiales; se llevan a cabo modificaciones en el régimen disciplinario interno, endureciéndose notablemente; se establece un Servicio de Vigilancia en la frontera francesa, con el objeto de evitar las rápidas huidas de anarquistas a Francia; y se crea una Jefatura Superior de Policía en Madrid (ya que en Barcelona sigue funcionando como Inspección General), con el objeto de coordinar la labor del Cuerpo de Vigilancia y el de Seguridad.

Todo culmina con una nueva Ley (27 de febrero de 1908) que establece los parámetros policiales en torno a la consolidación en el puesto de trabajo, a través del proceso de Concurso-Oposición. Por ello, en opinión del historiador Caamaño Bournacell, la Ley resulta trascendente, “al romper definitivamente los lazos del favoritismo turnante, la inercia de unos funcionarios a quienes, en honor a la justicia, no se les podía exigir más de lo que humanamente sabían o podían hacer y determinar la estabilidad en la función de los que merecían seguir”[18]Fin a la Policía de Partido pues, formación para los futuros miembros del Cuerpo, con la creación de la Escuela de Policía, que trata de preparar a sus miembros para los Cuerpos Especiales, y estabilidad laboral, lo que abría la posibilidad de ascender dentro del Cuerpo, bien por antigüedad, bien por méritos reconocidos, mejorando la motivación de los agentes por su trabajo.

Los atentados con bomba van a ser sustituidos por el pistolerismo reinante en los últimos años de la Restauración. Canalejas, presidente del Gobierno, es asesinado en 1912. “La culpa recayó, como es de suponer, en los agentes de Policía, que no previnieron el atentado y no lo evitaron, cuando lo cierto es que según testimonio de sus íntimos a Canalejas le divertía el buscar excusas para zafarse de la escolta”[19]Como revulsivo policial, se vuelve a abrir la Dirección General de Seguridad (que, recordemos, fue creada en 1886, siendo suprimida al año siguiente) que trata de agrupar todos los datos sobre sospechosos, unificándolos en un único centro de información. El Director General, de nuevo por encima de los Gobernadores Civiles, se atribuyó para sí algunas de las competencias de éstos, pero su existencia no se tradujo en una transformación profunda de los vínculos de poder que seguían manteniendo en sus provincias.

En Madrid ya funcionaban ocho brigadas distintas, dependientes del Inspector General. Todas ellas son características del modo de entender la peligrosidad que tiene el Estado en el primer tercio de siglo, así como sobre quién se debe dejar caer la presión policial: primera, la Brigada de Investigación Criminal, con Fernández Luna como Inspector-Jefe; en segundo lugar, la Brigada Móvil; tercera, la encargada del control a Viajeros y Extranjeros, acorde al desarrollo del ferrocarril y la creciente movilidad; cuarta, la Brigada de Informaciones; quinta, la de Espectáculos; sexta, la encargada del control nocturno (cierre de establecimientos y mantenimiento de la moralidad pública en las calles); la séptima era la Brigada que debía hacer frente al anarquismo y al socialismo, controlando las actividades y filiaciones de los sospechosos; la octava, por último, era una Brigada de ciclistas y de comprobación de causas urgentes.

Nueve años después, a primeros de marzo de 1921, Dato cae bajo las balas de otro terrorista. Como consecuencia, son cesados el Director General, el Comisario General de Madrid y el Inspector General de Seguridad. La anterior Dirección General de Seguridad desaparece, siendo sustituida por la Dirección General de Orden Público, que trata de buscar una mayor coordinación con las otras fuerzas de seguridad como la Guardia Civil, como novedad sustancial, ya que la mayor parte de su contenido no varía.

Pero lo que marca policialmente la segunda década de siglo no son las reformas, sino la aparición de unidades parapoliciales, sobre todo en Barcelona, que actúan siguiendo los pasos de la policía secreta, pero obrando al margen de la ley, para contrarrestar la actuación de los pistoleros de los sindicatos más radicales. Esta fórmula inmoral e ilegal, denominada terrorismo blanco, fue empleada sobre todo allí donde los conflictos sociales derivados de las huelgas o atentados eran más graves, como puede comprobarse en la ciudad de Barcelona con el fichero Lasarte y algunas de las actuaciones de quien fuera Gobernador de la ciudad Condal, el militar Martínez Anido[20].

No serían muy profundos los cambios dentro de la estructura policial, a la llegada del Dictador Primo de Rivera, en la década de los años veinte. Salvo pequeñas disposiciones o reformas, lo que perderá fuerza en nuestro país será el terrorismo, incapaz de golpear en la misma estructura del Estado, como venía haciendo antes. Pero esto no tanto por un éxito del dictador producto de la presión policial, como por una reorganización de objetivos y reivindicaciones, que hasta comienzos de los años treinta no traslucirían de algún modo en el mundo de la política.




[1] En un artículo aparecido en la revista La policía científica, del 5 de abril de 1913. En  TRINIDAD FERNÁNDEZ, 1991, 300.
[2] COMÍN COLOMER, E. (1951). Un siglo de atentados políticos en España. Madrid.
[3] En 1972 publica Historia de la Policía española, Volumen I, Hasta la muerte de Fenando VII, y en 1999 La policía a través del tiempo: 1908-1958.
[4] VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio. (1989). Historia y anecdotario de la policía española, 1833-1931. Editorial San Martín. Madrid.
[5] TURRADO VIDAL, M. (2000). La policía en la Historia Contemporánea de España (1766-1986). y TURRADO VIDAL, M. (2001). Policía y delincuencia a finales del siglo XIX, ambas publicadas por la Editorial Dykinson, Ministerio del Interior, Madrid.
[6] En TURRADO VIDAL, 2001, 61.
[7] TURRADO VIDAL, 2001, 59.
[8] SÁNCHEZ MARTÍN, R. (1979). El epistolario (1886-1912) de Federico Olóriz. Imprenta de la Universidad de Granada. Granada.
[9] OLÓRIZ, F. (1909). Guía para extender la tarjeta de identidad. (Lecciones dadas en la Escuela de Policía de Madrid). Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. Madrid.
[10] OLÓRIZ, 1909, 5.
[11] TURRADO VIDAL, 2001, 95.
[12] VEGA ARMENTERO, R. (2001, Reedición de 1890). ¿Loco o delincuente? Novela social contemporánea. Biblioteca de la Bohemia. Celeste Ediciones. Madrid. Pág. 149.
[13] Recogido de un examen, en la Revista La policía española, Nº 227, del 1 de julio de 1897. En TURRADO VIDAL, 2001, 179-180.
[14] BUENO, R. (1902). Piltrafas del arroyo. Librería de Leopoldo Martínez. Madrid. Pág. 3.
[15] Esta respuesta internacional volvería a repetirse en 1909, tras la Semana Trágica, que culminaría con el fusilamiento de Ferrer i Guardia.
[16] En ÁLVAREZ JUNCO, José. (1990). El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista. Alianza Editorial. Madrid
[17] El caso esanalizado pormenorizadamente por José Esteban, en Mateo Morral, el anarquista. Causa por un regicidio. Ediciones Vosa. Madrid. 2001.
[18] TURRADO VIDAL, 2000, 191.
[19] TURRADO VIDAL, 2000, 197.
[20] Se puede ver FOIX, Pere. (1978). Los archivos del terrorismo blanco. El fichero Lasarte 1910-1930. Ediciones La Piqueta. Madrid.

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