sábado, 14 de enero de 2012

EL ETERNO DEBATE DE LA LEY DE MENOR





Cuando uno se excusa en la crisis para justificar un desfalco, lo hace como si fuera un planeta lejano que le permite eludir responsabilidades propias. Es como la Ley de la Gravedad, algo inexorable.  


A la Ley del Menor, que lleva diez años vigente, le empieza a pasar algo parecido. Cualquier cosa que ocurra, pertenezca a su ámbito o no, se resuelve culpándola. Esto, que sería risible si fuera una broma del Club de la Comedia, empieza a tomar tintes quijotescos. El Presidente del Gobierno de España, nada menos, en su primera gran intervención como tal, se acuerda de la Ley del Menor y promete su reforma al referirse a la condena impuesta a Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, eludiendo una cuestión básica, de Escuela Infantil, que es sencilla de explicar: a Carcaño se le ha juzgado como adulto, en el marco del Código Penal. Lo cuál lleva a pensar que, tal vez, por el mismo precio, podía haber prometido la reforma de la Ley de Costas.


Pero lo hace a sabiendas de que tiene tirón social, que existe, desde hace años, un Vox Populi generalizado que pide el endurecimiento de esta Ley. Los historiadores del Derecho Penal saben de sobra que ningún agravamiento de penas de ningún Código Penal ha conseguido reducir la criminalidad. Más bien al contrario. La política del miedo ante los delincuentes no funciona como cuando se utiliza para adoptar recortes en economía o para promover guerras internacionales. 


¿Qué es lo reformable de la Ley del Menor? Unos piensan en los modelos de gestión. Las competencias son Autonómicas, pero los centros pueden ser gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro. Pero la mayoría considera que el punto G de la cuestión es el endurecimiento de las penas, que pasaría por tres medidas:



  1. La rebaja de la edad penal a los 12 años.
  2. Que cualquier menor, cuando cumpla 18, se vaya a la cárcel a cumplir el tiempo restante.
  3. Endurecimiento generalizado de penas impuestas.

Por partes. Si  nos vamos a quedar más tranquilos haciendo imputables a chicos de 12 y 13 años, pronto nos vamos a dar cuenta que se tratará de la reforma más absurda de la historia (exagero, hay otras muy, muy absurdas). Dicho con toque académico, los casos son infrecuentes, completamente excepcionales, no generalizables. La delincuencia de chicos de entre 12 y 13 años en España no es un problema, así que ¿Para qué llamarle problema si tenemos otros tan graves y variados? Ahora bien, si la pregunta es ¿Qué hacer ante el hipotético caso de un asesinato de un chico de esa edad? ¿Lo mandamos a su casa porque no es imputable? Entonces sí podríamos tener algo más de debate sobre qué medidas adoptar teniendo en cuenta la edad, porque la pregunta es maléfica. Si se adoptan medidas con 12, ¿Por qué no con 10, 8 o 6 años? ¿Y si mi bebé me saca el ojo con su camión de juguete? ¿Es que el Estado no piensa hacer nada?


La segunda cuestión es la de que los menores con delitos graves que cumplan 18 años en un centro puedan pasar a prisión, entonces discúlpenme que me sonría un poco. Esa reforma ya existe, ya se puede hacer, desde el año 2006 concretamente. Y no se ha aplicado. Habrá que preguntar a jueces o fiscales entonces por qué determinados asesinos no pasaron a prisión tras alcanzar la mayoría de edad. ¿Se opuso la entidad pública? ¿Alguien puede averiguar quiénes, de los que se habla en algunos programas de televisión, no fueron a prisión hasta los 21? ¿Reformamos algo sencillamente porque no se aplica? ¿Cuál es el problema entonces?Está encuesta, por ejemplo, es del año 2010. Igual simplemente no conocemos La Ley del Menor. 


Si hablamos de que TODOS los menores que cumplen medidas pasen a prisión al cumplir 18 años, entonces lo más sensato y lo más económico es cerrar los centros, derogar la Ley. Porque aplicar programas educativos sobre menores que finalizarán sus medidas unos meses más tarde de alcanzar esa mayoría de edad y, en mitad del tratamiento, quitárselo, es una tontería innecesariamente cara, por no ponerle otros calificativos más sociales, en desuso en la actualidad.


Incrementar las penas es algo discutible, que puede formar parte del debate, incluso entre educadores y profesionales del ramo. Sin embargo, ya que gustaría a mí que también formara parte de ese debate otras cuestiones como el desarrollo de, por ejemplo, la Ley contra la Violencia de Género en el contexto de responsabilidad penal de los menores cuando los estudios resultan abrumadores sobre la percepción y experiencia de violencia entre las parejas, aunque no sigan un patrón de "violencia doméstica" como en adultos, porque no exista convivencia o la relación no sea estable.


Hasta aquí, hemos hablado de cuestiones "de forma". Pero el problema de fondo sigue intacto. Hace medio año leía esto: "Creo que es urgente que se abra el debate de las transformaciones sociales y cómo estas afectan a la educación de nuestros menores, a las relaciones dentro de la familia, a la disciplina en las escuelas…" decía Tania Sánchez en su Blog (http://www.elblogdetaniasanchez.net/tag/victimas/) haciendo la pregunta incómoda, la de verdad, la que nadie quiere hacerseDifícil, Tania, porque lamentablemente, si la Ley del Menor es un objeto arrojadizo, si es algo que políticamente tiene tirón social, es precisamente porque evita hablar de "lo que hay que hablar" que no es sino qué está ocurriendo socialmente, educativamente, para que se llegue a ese punto. 

El delincuente juvenil es un maniquí en el escaparate de la Ley del Menor. Le cambiaremos la ropa, hablaremos de bandas latinas, antes de tribus urbanas, de maltrato a los padres, de asesinos y violadores despiadados, de lo que queramos. Lo dejaremos desnudo un tiempo por política de austeridad. Pero seguimos sin preguntarnos qué coño se puede hacer para evitar que maniquíes tan vulnerables estén en el escaparate social por temas como estos. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario