domingo, 28 de octubre de 2012

EL LISTADO DE LA INFAMIA: LOS INDULTOS DEL PP


"Visto el expediente de indulto de don Fausto Ferrero Fiol, condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma de 

Mallorca, en sentencia de 14 de noviembre de 2007, como autor de un delito contra la Hacienda Pública, a la pena de dos años y medio de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 2.019.178,8 euros, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de cuatro años, por hechos cometidos en el año 1998, en el que se han considerado los informes del Tribunal 
sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 2012, 

Vengo en conmutar a don Fausto Ferrero Fiol la pena privativa de libertad impuesta por otra de un año y seis meses de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.


Dado en Madrid, el 5 de marzo de 2012.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ




Hay cierta confusión acerca de la figura del Indulto político en España. Se tiende a creer que resulta necesario (o resultaba necesario) en el contexto de la Transición, para tener una herramienta que permitiera liberar a presos políticos. Sin embargo, hay que precisar, de entrada, que el Indulto no es una Amnistía, figura a la que sí se acogieron los legisladores de aquel momento para paliar mínimamente algunos de los efectos del fascismo. Parece que con eso se dieron por satisfechos, importándoles poco legislar en el país que tiene la medalla de plata de fosas comunes del mundo, para vergüenza de todos. 

La Amnistía es una figura jurídica que supone el perdón del delito cometido y, con ello, la restauración de los derechos perdidos y la desaparición de los antecedentes penales. Históricamente, se aplicó a delitos de carácter político. Tiene un carácter plural, se aplica sobre colectivos.

El Indulto, sin embargo, supone el perdón de la pena, pero no la extinción del delito o de la responsabilidad civil del mismo. Es una forma de sacar de prisión a alguien, o de evitar que entre, de otorgarle un "perdón", pero sin borrarle su historial delictivo. Como en el ejemplo de arriba, el Gobierno del PP lo aplica contra un individuo, empresario y promotor inmobiliario, para que pueda eludir la pena de prisión. Pero no existe motivación alguna. ¿Por qué?

En el Código Penal de 1870, la aplicación del indulto o "Derecho de Gracia" estaba sometida a "razones de justicia, equidad o utilidad pública. Tenía que obedecer a algo para que fuera, además de legal, legítimo. En la Constitución de 1978 se recogió en los artículos 62.i (Derecho de Gracia); 87.3 (Prerrogativa de Gracia) y 102.3 (Prerrogativa Real de Gracia). Quien desee informarse más sobre cómo fue el curioso proceso de aceptación de dichas medidas en nuestra Constitución, puede leer este interesante artículo del profesor Enrique Linde Paniagua (http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:DerechoPolitico-1978-1979-2-13150/PDF).

En la historia de la democracia española ha habido indultos sonados que no sabía bien a qué obedecían. Bueno sí, a veces era cuestión divina. Por ejemplo, en el año 2.000 Aznar concedió 1.731 indultos, batiendo todos los récords, porque el Papa Juan Pablo II había pedido que se favoreciesen este tipo de medidas porque estábamos en año Jubilar. En el Pack de indultados estaba Gómez de Liaño, condenado por prevaricación.

Hace unos meses, expuse en este mismo Blog otro tipo de indultos, los que solicitan las cofradías en Semana Santa, titulado "Sobre indultos, cofrades y el concepto de Coño de la Bernarda" (http://elblogderaskolnikov.blogspot.com.es/2012/04/sobre-indultos-cofrades-y-el-concepto.html) en los que, por razones religiosas, tipos que montan cofradías solicitan indultos a delincuentes comunes que escogen, a veces al azar, a veces accediendo a información de dudosa legalidad, para beneficiar a alguien sin criterio especializado alguno, únicamente por seguir dando forma a una de las numerosas tradiciones absurdas, injustas, inmorales, que atesora nuestro Estado. 

No es cosa del PP. El Bipartidismo ha utilizado este derecho constitucional para desdecir lo que antes han dictado los jueces. Sí, es legal, pero supone una vulneración del principio de separación de poderes que, permítanme dudar, hace de nuestro ordenamiento jurídico algo claramente arbitrario y antidemocrático. Zapatero, con un Gobierno en funciones tras haber perdido las elecciones del 20 de noviembre de 2011, decidió ni corto ni perezoso indultar al número 2 de Emilio Botín, Alfredo Sáenz. Hace pocos días, el Tribunal Supremo se pronunciaba al respecto, diciendo poco más o menos que no podía hacer nada por evitarlo, porque era legal, y explicando asimismo que esto era una "herencia del absolutismo" al no tener que dar explicación alguna que lo justificara (2).

Dejémonos de cuentos. Los políticos del PPSOE, el brazo armado del empresariado corrupto español, ese que nos ha llevado a donde nos encontramos, ese que desahucia, que deja sin trabajo, que exige recortes en derechos sociales y que lleva a la desesperación de la gente para que, cuando sale a la calle a protestar, sea criminalizada, utilizan esta figura legal para liberar de penas de prisión a prevaricadores, estafadores a la Seguridad Social y corruptos, cuando estos son atrapados por la justicia ordinaria. Es un simple trato de favor, mientras individuos como Montoro se llenan la boca sobre cómo combatir el fraude Fiscal, ese que pagamos entre todos. ¿Lo dudan?

Durante el año 2012, el Gobierno de Rajoy ha indultado a  Miguel Escudero Arias-Dávila, cabecilla de una red dedicada al noble acto de defraudar a Hacienda, rebajándole la medida impuesta por un Tribunal seis meses, para que pueda eludir la prisión, a condición de que no vuelva a hacer lo mismo en los próximos tres años. ¿Cuándo lo hizo? El BOE publicó esta medida el 26 de septiembre de 2012 (http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/26/pdfs/BOE-A-2012-12047.pdf), la mañana siguiente a la concentración "Rodea el Congreso", esa que compararon con el Golpe de Estado del 23F y en la que la policía exhibió, consciente y metódicamente, una represión significativa para que no se hablara de otra cosa (Recuerden que esa semana se presentaban los Presupuestos de 2013, los más antisociales de la historia de nuestro país). 

¿Este es un hecho aislado? En absoluto. En Marzo, por ejemplo, salvaron de la cárcel a un alto cargo de CIU y a un empresario vinculado a ese partido. En Febrero indultaron a cinco Mossos condenados por torturas a un detenido. En Julio, a un alcalde del PP condenado por prevaricación urbanística. Junto a él, a toda su camarilla de ediles que colaboraban. Sin olvidar, tampoco, a los oficiales condenados por el accidente negligente del YAK-42. La lista es extensa, y no descubro nada nuevo. Los amigos de #15Mpedia (http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_indultos) están tratando de recopilar todos los casos. 

Una larga lista que muestra por sí misma en qué consiste la democracia de este país. Pago de favores, defensa del corrupto y criminalización del que protesta. Entretanto, robo al ciudadano y desahucio al que no tiene recursos

El corazón de estos individuos, como decía Baudelaire, se lo han comido las bestias.

SE AÑADE A ESTE POST LA CARTA QUE 200 JUECES HAN FIRMADO CONTRA EL INDULTO DE GALLARDÓN A VARIOS MOSSOS TRAS HABER SIDO CONDENADOS POR TORTURAS:


CONTRA EL INDULTO COMO FRAUDE
EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE LA DIGNIDAD
           
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro 
agentes de policía como autores de delitos de tortura tras declarar probado que 
habían realizado unos hechos gravísimos.  La sentencia fue recurrida ante el 
Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos. Las penas 
impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión 
de las personas condenadas. El Gobierno decidió en  febrero de este año 
indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de 
prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, permitiendo el 
reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en 
estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de 
la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto por el Gobierno. El Gobierno 
ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas condenadas para 
sustituir la pena de prisión por pena de multa. 

Entendemos, y así queremos manifestarlo públicamente, que  la 
actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles 
de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el 
Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras 
que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía. Es un 
ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las 
funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por 
último, y sin embargo más importante,  supone una actuación contra  la 
dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de 
perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes 
a su servicio. 

Los derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos 
a la actuación policial. Por el contrario, son el fundamento de su actuación.  Y
proteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad fundamental de 
todas las Policías en un Estado Democrático. Así lo entienden la inmensa 
mayoría de las personas que conforman los diversos cuerpos policiales. 
Indultar a quienes vistiendo un uniforme policial han realizado hechos tan 
rechazables es menospreciar a todos los miles de agentes que día a día luchan 
precisamente contra cualquier acto que vulnere derechos fundamentales.
Reducir esas penas, además,  parece incentivar comportamientos que 
deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial.

El Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para 
asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los Estados Constitucionales, la 
legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano 
que representa la soberanía popular: el Parlamento. Y la legitimidad para 
aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no 
puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan 
acreditados sus presupuestos. Los principios de legalidad e igualdad así lo 
exigen. En casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las leyes penales puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que 
permite dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado 
debe ser competente para su otorgamiento, y a través de qué procedimiento, 
pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su 
finalidad correctora de tales resultados. El indulto implica afirmar la falta de 
necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el 
cumplimiento de aquélla no  desempeñe finalidad preventiva, 
resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. 
En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido  en las circunstancias de
la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares 
particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese 
reproche.

No existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el 
Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y 
contrarios a la dignidad humana.  Conceder un indulto en estas 
circunstancias supone  realizar un uso grosero y desviado de la 
institución. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a 
los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el 
papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de 
desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional.
La tortura es uno de los peores actos realizables contra la 
dignidad de la persona. Esta dignidad es el fundamento de un orden 
constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al 
Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso 
más. Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde 
luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante 
comportamiento. 

Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo 
distintivo del Estado Constitucional marca la diferencia con los regímenes 
autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos del cumplimiento 
de las normas.  La decisión del Gobierno es impropia de un sistema 
democrático  de  derecho, ilegítima y éticamente  inasumible. Por ello no 
podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la 
institución del indulto  y advertir que  sus efectos, en términos comunicativos, 
son devastadores" 

29 de Noviembre de 2012



*Ofrezco este mismo Blog para seguir actualizando este listado de la infamia, al igual que recuerdo que en #15Mpedia siguen con ello en el Link facilitado antes. Denunciar y difundir es cosa de todos. 
(1). Tarúguez. http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/294211-100-indultados-psoe-pp-ciu-iu-hazte-todos.html
(2) http://www.publico.es/espana/443903/el-supremo-califica-el-indulto-al-numero-dos-de-botin-de-arbitrio-incontrolable-de-zapatero

viernes, 12 de octubre de 2012

EL DELITO GRAVE DE GALLARDÓN




Alberto Ruiz Gallardón, ese político aparentemente afable que se crió en colegios religiosos, que navegó en la ambivalencia política desde muy joven, que ya la mamó en su propia casa (donde su padre, José María, llegó a defender causas contra el franquismo, pero desde posturas claramente liberales y conservadoras) se erige en protagonista de la última reforma del Código Penal, uno de los ámbitos más delicados de cualquier democracia, para ponerla en la dirección equivocada, para hacer de ella un instrumento al servicio de la defensa social, acorde a la voluntad del impacto social, actuando de kamikaze contra toda la herencia científica y social que defiende y constata a través de la historia que NUNCA un endurecimiento de la legislación penal favoreció una reducción del número de delitos cometidos. 

Un político de buen talante que, obsesionado por transformar Madrid en su etapa de Presidente de la Comunidad de Madrid y en la Alcaldía, acabó acercándola más al modelo montañas de Tora-Bora de Afganistán, que a los criterios urbanísticos más sostenibles. Y, peor, lo hizo valiéndose de ese diamante en bruto que ha acabado explotando en la cara de todos: la burbuja inmobiliaria, las obras faraónicas, el endeudamiento intolerable que ahora todos debemos de pagar. 

Un político populista, que quiso pasar a la historia trayendo a Madrid unas Olimpiadas que permitieran, aún más, desarrollar un proyecto de grandes inversiones alejado de las necesidades reales de sus ciudadanos. Pero inteligente también, ya que logró el respaldo popular siguiendo el mismo método que ahora sigue la derecha catalana: el recurso de la demagogia, la emocionalidad

Un político que presume de estar vinculado al Maestro Albéniz por línea sanguínea, y que aprovechando ese toque cultural añadido por sus antepasados, se permite el lujo de utilizar a Joaquín Sabina para que parezca en ocasiones su embajador, con tal de dar que hablar, sin importarle las críticas de la derecha a la que sabe bien como ganarse, y haciéndonos ver que gobierna para todos escogiendo a un individuo que es un maravilloso escritor de noche, y un aburrido y obcecado defensor de la tortura animal por el día. Más de lo mismo. 

Pues él, Gallardón, nombrado Ministro de Justicia, no perdió desde la configuración del nuevo gobierno ni un minuto en anunciar reformas tremendamente conservadoras, y haciendo declaraciones sobre la libertad de las mujeres más propias de los años 50 del pasado siglo. En el Consejo de Ministros del día 11 de Octubre de 2012, culmina la primera parte de su obra, una reforma del Código Penal, tras haber encarecido la justicia, tras haber puesto en tela de juicio su gratuidad, cobrando cuando uno quiere ejercer su derecho al recurso. ¿Cuáles son los motivos? Reducir costes y agilizar trámites. Dicho de otro modo, des-democratizar, dar licencia a que en un proceso judicial hasta el final solo puedan llegar los que más tienen. Un dato: hoy, estos días, un numeroso grupo de ciudadanos, sometidos a un procedimiento administrativo irregular y muy costoso en la Comunidad Autónoma de Madrid, se plantean emprender un querella criminal contra un responsable de su Gobierno. Eso incluye, por otra parte, el recurso a demandas por la Vía Contenciosa que, gracias a este encarecimiento, no pueden asumir. No diré más, salvo que ojalá superen las dificultades y sigan adelante. 

Toda una filosofía del partido que Gobierna, y que se repite en la idea de Cospedal de que los políticos no cobren por sus servicios, para que solo puedan representarnos aquellos que ya tienen la vida resuelta de antemano. Es el inexorable alejamiento de la ciudadanía a los mecanismos democráticos porque no puede costeárselos.

El dulce, el caramelo para la extrema derecha, fue la contraofensiva contra el derecho de la mujer al aborto, debate que saca y oculta porque sabe que así retiene a los descontentos con otras políticas de su propio partido, y porque con ello saca a la calle y da que hablar a la izquierda para conseguir lo de siempre: que temerosos de una reforma puramente ideológica, defiendan sus derechos para que, mientras lo hacen, no hablen de esas otras cosas que tienen que ver con la crisis, con esa que ha generado su propio modelo de Alcaldía.

Gallardón no dirige un Ministerio, dirige una tapadera del Gobierno. El último show consiste en responder a los últimos casos trágicos donde ha habido víctimas menores de edad, para utilizar el descontento popular y ponerlo a su servicio. Como agravante de los delitos, aquellos que causen especial repulsa social. El gobierno de Susana Griso y Ana Rosa Quintana, haciendo caja a costa de mediatizar el dolor de familiares de víctimas inocentes. 

Estos son algunos de los aspectos reformados. Destaco con subrayado aquellos exclusivamente subjetivos:


  • La Cadena Perpetua Mal Disimulada, cuyo eufmemismo se llama Prisión Permanente Revisable, que se aplicará a  "homicidios terroristas o contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, así como a otros que causen especial repulsa social, cuando la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, cuando exista también delito contra la libertad sexual o a los cometidos por miembros de una organización criminal" (Referencia textual de el periódico "El Mundo". Link, abajo)
  • La Custodia de Seguridad: En casos excepcionales, una vez que un reo cumple su condena, lo podrán dejar otros 10 años de postre, si un Tribunal valora que mantiene un nivel alto de peligrosidad social.
  • La Detención Ilegal con Desaparición: Supuesto penal hecho ad hoc del caso Marta del Castillo, y a lomos del ruido generado por el caso de los dos hermanos desaparecidos. En casos donde no hay víctima, porque no aparece, se aplica esta coletilla, que permite su equiparación con el delito de Homicidio. Oculta el Ministro que, para ser honestos, en ambos casos la no aparición de las víctimas se ha debido más a la negligencia de la investigación policial que a la propia habilidad de los acusados. Pero ya nadie hablará de eso ni pedirá responsabilidades. 
  • El regreso a prisión si el condenado delinque encontrándose en Libertad Provisional.
  • La tipificación penal de la difusión de imágenes íntimas, otro elemento mediático con el que Gallardón da respuesta al caso de la Concejal del PSOE en un pequeño pueblo. 
  • La supresión de la Falta, para adoptar la denominación de Delito Menos Grave. Este hecho, que parece sencillo, tiene una gran importancia cualitativa. ¿Cuál es la excusa que se utiliza? ncluir a los grupos especializados en pequeños hurtos, que resultan muy molestos para la sociedad y muy atrayentes para los medios. 
  • El Atentado, la resistencia y la desobediencia: Así lo resume "El Mundo": 

"La definición del delito de atentado variará para incluir en él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate. La acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel. La falta de desobediencia desaparece, pero se sancionará como infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana. Otra novedad afecta a la alteración del orden público: Se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o actos de violencia, pero no la simple convocatoria a movilizaciones. La pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje". 

Reconozcamos algo: hay algún pequeño avance en lo referente a la violencia contra la mujer, en el Racismo y en la incitación al odio. Pero estas pequeñas lucecitas solo son la comparsa de una reforma innecesariamente dura y que solo busca un efecto mediático sobre los casos más duros, sin querer darse cuenta de que incrementar las penas es subir una escalera que no tiene fin. Gallardón no va a saciar la comprensible sed de venganza de los familiares. Cuando vuelva a suceder un hecho similar, se exigirá que se suban más peldaños. El debate seguirá. Y sería más rentable para la mermada dignidad de este país cualificar a determinados grupos de investigación que potenciar innecesariamente el dolor de los familiares al "no encontrar" los restos de las pobres víctimas. Del mismo modo, darse cuenta de una vez por todas que la víctima no puede ser el pilar sobre el que sostener la justicia, cuya sensibilidad hay que atender, pero que no es objetiva, que no es profesional, que no puede someter el criterio del Estado, porque encuentre en programas de televisión un infame altavoz a su dolor.


En Agosto de 2012, España contaba con una población reclusa de 69.605 personas. Porcentualmente, esto representa una de las Tasas más altas de Europa. Este endurecimiento del Código Penal no mejora la sensación de seguridad de la ciudadanía. Tampoco atiende a los fines constitucionales para que el trabajo desarrollado sobre el penado vaya enfocado a su reinserción. Esta Reforma es ideológica, tiende a una cortina de humo haciendo el trabajo sucio al Gobierno. El delito grave de Gallardón es, de nuevo, su propio ego y su indisimulable ideología